- José Carlos Francisco destaca la necesidad de reforzar la protección del mar, ya que considera que es “una decisión estratégica para garantizar el futuro económico, social y ambiental del archipiélago”
- El Pleno del Consejo Económico y Social de Canarias respalda un conjunto de recomendaciones para ampliar y fortalecer las Áreas Marinas Protegidas, mejorar su gestión y avanzar hacia el objetivo internacional 30×30
“Canarias debe situarse a la vanguardia de la conservación marina para garantizar su futuro económico, social y ambiental”, esta es una de las recomendaciones clave del Informe 1/2026 sobre Áreas Marinas Protegidas, aprobado el día 11 de febrero por unanimidad por el Pleno del Consejo Económico y Social de Canarias (CES).
El documento, elaborado por propia iniciativa del CES, analiza la situación de la Demarcación Marina Canaria y propone medidas concretas para reforzar la protección, la gestión y la gobernanza del medio marino en el archipiélago. Según el informe, Canarias representa el 45,3% de la superficie de las demarcaciones marinas españolas y alberga más de 7.400 especies marinas, consolidándose como uno de los principales puntos clave de biodiversidad del Atlántico centro-oriental.
José Carlos Francisco, presidente del CES, subrayó que “la protección del mar no es solo una cuestión ambiental, sino una decisión estratégica para garantizar el desarrollo sostenible de Canarias, fortalecer la economía azul y asegurar oportunidades para las generaciones futuras”.
Además, advirtió que “la pérdida de biodiversidad, la sobrepesca y los efectos del cambio climático exigen una respuesta firme basada en la evidencia científica y la participación activa de todos los sectores implicados”.
El informe también enfatiza la necesidad de avanzar hacia el objetivo internacional de proteger al menos el 30% del océano antes de 2030, una meta que Canarias debe asumir como una oportunidad para liderar un modelo de gestión marina resiliente y sostenible.
El respaldo unánime del CES refuerza la importancia de impulsar políticas públicas que permitan ampliar y mejorar las Áreas Marinas Protegidas (AMPs), garantizar su gestión efectiva y actualizar los instrumentos de planificación actualmente vigentes.
Asimismo el presidente de la Comisión de Política de Bienestar Social, Sergio Melián, destacó que, aunque aproximadamente el 21,7% de la Demarcación Marina Canaria cuenta con alguna figura de protección, el grado de implementación efectiva es desigual. Además, menos del 1% del área marina se encuentra altamente protegida y la mayoría de los instrumentos de planificación necesitan revisión y actualización.
El documento advierte de amenazas como la sobreexplotación de recursos, el calentamiento y la acidificación del océano, la presión urbanística costera y la pérdida de biomasa pesquera, que ha descendido significativamente en las últimas décadas, lo que hace imprescindible acelerar medidas de conservación y restauración.
En este contexto, el CES subraya que la protección marina debe concebirse desde un enfoque ecosistémico, integrando conservación ambiental, desarrollo económico y cohesión social, especialmente en un territorio archipelágico con singularidades competenciales y geográficas como Canarias.
El Consejo considera que las Áreas Marinas Protegidas constituyen un elemento estructural del modelo de gobernanza marina en España y una herramienta esencial para compatibilizar la conservación del medio marino con el desarrollo sostenible.
Recomendaciones clave del CES
El Consejo Económico y Social de Canarias considera prioritario reforzar la colaboración estable y estructurada entre la comunidad científica y las Administraciones Públicas en todas las fases vinculadas a las Áreas Marinas Protegidas, desde su identificación y declaración hasta su gestión y evaluación periódica. El Informe insiste en que las decisiones deben fundamentarse en la mejor evidencia científica disponible y propone, además, que el Gobierno de Canarias impulse instrumentos jurídicos que permitan establecer líneas específicas de financiación pública destinadas a la investigación marina, especialmente en aquellas zonas con alto valor ecológico o susceptibles de protección.
Asimismo, el CES subraya la importancia de avanzar hacia un modelo de gobernanza participativa que integre de manera efectiva a agentes sociales, económicos, científicos y administraciones en la toma de decisiones. En este sentido, propone la creación de espacios de cogestión o mesas de trabajo que favorezcan la corresponsabilidad, la transparencia y el consenso en la planificación y gestión de las áreas protegidas. Estas medidas deben ir acompañadas de acciones de formación, sensibilización y educación ambiental dirigidas a la ciudadanía, con el fin de reforzar la cultura de protección del medio marino y poner en valor su papel en el desarrollo socioeconómico del archipiélago.
El Informe también plantea la necesidad de fortalecer la concertación público-privada como vía para impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo normativo orientado tanto a la ampliación de las Áreas Marinas Protegidas como al refuerzo de las ya existentes. Esta colaboración debe complementarse con políticas activas de impulso a la economía azul sostenible, mediante programas específicos de financiación y apoyo a iniciativas compatibles con la conservación marina, favoreciendo así un modelo de crecimiento económico alineado con la protección ambiental.
Finalmente, el CES destaca la importancia de garantizar la equidad social y territorial en la aplicación de las medidas de protección, asegurando que los costes derivados de las limitaciones de usos y actividades se distribuyan de forma justa entre los distintos sectores implicados. La protección del mar, señala el Consejo, debe concebirse como una política integradora que fortalezca la cohesión social y territorial de Canarias, equilibrando conservación ambiental, desarrollo económico y bienestar colectivo.
Enlace del Informe de Iniciativa Propia sobre «Áreas Marinas Protegidas en Canarias»
