- El Consejo aspira a consolidar un modelo de comunicación audiovisual en Canarias más participativo, plural, inclusivo y representativo de la sociedad de las islas
El Consejo Económico y Social de Canarias (CES) aprobó por unanimidad el Dictamen 3/2025 sobre el Anteproyecto de Ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias. La principal aportación del órgano consultivo se centra en la recomendación de incorporar a representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Canarias en la Junta de Control y en el Consejo Asesor de Participación Social y Profesional de RTVC.
El CES recuerda que esta propuesta se sustenta en la Constitución Española y en la Ley 10/2014, de participación institucional, que reconoce el papel de los agentes sociales en la gobernanza pública. Con ello, se busca reforzar el pluralismo, la transparencia y la legitimidad democrática de los órganos encargados de velar por la gestión del servicio público audiovisual.
Además de la incorporación de empresarios y sindicatos en los órganos de control, el CES plantea un conjunto de recomendaciones adicionales que buscan fortalecer el carácter público, plural e inclusivo de RTVC. Entre ellas destaca la modificación de la definición del servicio, proponiendo que se considere un “servicio esencial de interés general” en lugar de “servicio esencial de interés económico general”, con el fin de subrayar su dimensión cultural, social y educativa.
El Consejo también hace hincapié en la necesidad de garantizar una separación clara entre información, opinión y publicidad, evitando confusiones y reforzando la independencia informativa. En relación con la contratación externa, recomienda restringirla a casos excepcionales, aunque sugiere flexibilizar los límites actuales siempre que se respeten criterios de transparencia y eficiencia.
Otro bloque de propuestas se orienta a la mejora de la calidad y alcance de la programación. El CES plantea la implementación de mecanismos de evaluación cualitativa y cuantitativa, así como la adaptación de la medición de audiencias a la realidad insular. Asimismo, insiste en la importancia de asegurar una cobertura territorial completa, proponiendo la publicación anual de un mapa que refleje la evolución de las “zonas de sombra”.
La preservación de la memoria audiovisual ocupa también un lugar destacado en el Dictamen. El Consejo propone un plan plurianual para la digitalización de fondos históricos en colaboración con la Filmoteca de Canarias, junto con la adaptación de los contenidos de RTVC a nuevos medios digitales. En paralelo, sugiere que el reglamento del ente contemple la creación de un Comité específico de informativos.
El CES subraya igualmente la necesidad de reforzar la atención a la diversidad, incorporando la lengua de signos, mejorando la accesibilidad de personas con disfunciones intelectuales y mencionando expresamente al colectivo LGTBI en la futura ley. Finalmente, aboga por incluir una cláusula de estabilidad laboral que garantice certidumbre al personal del servicio público dentro de los márgenes legales de la función pública.
Con este conjunto de propuestas, el CES aspira a que el nuevo marco normativo no solo modernice la regulación de RTVC, sino que consolide un modelo de comunicación audiovisual en Canarias más participativo, plural, inclusivo y representativo de la sociedad canaria en su conjunto.
